Madre rastreadora acusa detención arbitraria de su hijo en Michoacán - Proceso Portal de Noticias

Madre rastreadora acusa detención arbitraria de su hijo en Michoacán - Proceso Portal de Noticias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En abril de 2011, Margarita López Pérez padeció la desaparición y muerte de su hija, Yahaira, de apenas 19 años.

Ahora, nueve años después, sufre la detención “arbitraria” de su hijo, Ernesto Alejandro Bahena López, por quien en enero pasado -asegura- las autoridades de Michoacán pedían el pago de 250 mil pesos a cambio de no detenerlo.

Margarita denuncia, en particular, al área de desaparecidos del estado de Michoacán, a cargo de Sandra Perales, y del personal a su cargo.

“Mi hijo fue detenido arbitrariamente el 21 de junio del presente año. Antes de su detención estuvimos siendo extorsionados en innumerables ocasiones por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, pedían desde el mes de enero la cantidad de 250 mil pesos a cambio de no ser detenido”, relata Margarita.

“Me decían que mi hijo tenía una orden de detención y como no se les proporcionó cantidad alguna, se le giró una orden de aprehensión, con fecha 25 de febrero del presente año”.

Margarita López, quien se convirtió en una de las madres “rastreadoras” y “buscadoras” de personas desaparecidas en los estados de Michoacán y Guerrero, en varias ocasiones ha recibido amenazas de muerte y ha tenido que ser custodiada por elementos de Policía Federal.

“Desde principios del 2017 mis hijos y yo estamos desplazados de Michoacán por las actividades que desempeño como defensora de Derechos Humanos y rastreadora de fosas clandestinas, de donde recuperamos innumerable cantidad de cuerpos y coadyuvamos con las autoridades federales para entregarlos a sus madres, algo que la fiscalía de desaparecidos del Estado de Michoacán ha venido viendo con malos ojos”, señala.

“Incluso, en el 2017 levantaron a un familiar mío, a quien torturaron para que me hiciera llegar el recado que no me querían en Michoacán y que me saliera o matarían a toda mi familia y a mí también”.

Después de la amenaza, fueron colocadas unas mantas donde se le advertía lo mismo y hace un año desaparecieron a su sobrino, de nombre Gerardo López Hernández, de quien a la fecha desconocen su paradero.

“En el mes de agosto del 2017, a mi hijo menor de nombre Juan Carlos, la policía michoacana lo sacó sin una orden judicial del negocio familiar, lo amarraron con cinchos de plástico con las manos atrás, golpeándolo y preguntándole a qué se dedicaba su madre; luego, le ordenaron que se comunicara con su madre o les diera su número telefónico”, narra Margarita.

“Sin embargo, en esa ocasión la detención fue impedida por un abogado que casualmente pasaba por el lugar. Él imposibilitó que se realizara la desaparición forzada que iban a cometer con mi hijo. Desde ahí ha sido una cacería por parte del gobierno del Estado de Michoacán contra mi persona y mi familia que no ha parado hasta la detención arbitraria de mi hijo Ernesto Alejandro”, lamenta.

Margarita asegura que le imputaron a su hijo delitos falsos, armados de manera burda y grotesca, por lo que deduce es consecuencia de su activismo y labor de recuperación y entrega de cuerpos en Guerrero y Michoacán.

Sostiene que tienen testimonios de madres que van a la fiscalía estatal a exigir la búsqueda de sus hijos y que han detenido a otros de sus vástagos, sembrándoles evidencias, incluso cateando sus domicilios sin una orden expresa de algún juez, así como a madres que las han llevado a cerros despoblados, donde las amenazan de muerte si siguen insistiendo en exigir la búsqueda de sus hijos desaparecidos.

Todo esto, denuncia, por la fiscal del área de desaparecidos a cargo de Sandra Perales y sus agentes.

“En el puerto de Lázaro Cárdenas la justicia está corrompida, ya que los policías realizan los secuestros, levantones y cobro de piso y son los que están utilizando a sus mismos repartidores de droga a que hagan los señalamientos a las personas que, como mi hijo y yo, vivimos de una manera honrada y honesta”.

“Además, proveemos de trabajo a decenas de empleados y tratamos de servir a nuestro país y aportar, haciendo el trabajo de buscar a las personas desaparecidas, labor que ninguna autoridad quiere realizar por el simple hecho de hacer creer que el Estado de Michoacán está en paz y no pasa nada”, agrega.

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Origen: proceso.com.mx

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